La cesión ilegal de trabajadores se da cuando una empresa contrata a un trabajador y lo cede a otra. Es diferente a la subcontrata, que tiene lugar cuando dos empresas firman un contrato por obra y servicio, y a la actividad de las Empresas de Trabajo Temporal, que consiste en contratar trabajadores y ponerlos a disposición de otra empresa.

Aquí te explicamos cuándo se considera una cesión ilegal del trabajador, sus consecuencias y qué se debe hacer ante esta situación. La empresa que contrata es considerada la empresa cedente y la empresa en la que el trabajador realiza la actividad es la empresa cesionaria.

• Cuando la empresa que contrata es la que paga los gastos derivados del trabajo, como sueldo y Seguridad Social; sin embargo, es la empresa cesionaria la que organiza la actividad del trabajador como horarios, vacaciones, etc.
• La empresa que cede al trabajador no tiene como actividad reconocida la contratación de empleados para ponerlos a disposición de otras empresas, y tampoco tiene una organización o actividad. Por lo tanto, no actúa como empresa.
• Si la empresa que contrata no cuenta con los medios necesarios para llevar a cabo la actividad para la que se ha dado de alta.
• Cuando se realice entre dos empresas un contrato de servicios cuyo único objetivo es ceder a los trabajadores.
• Los medios utilizados para el trabajo son propiedad de la empresa cesionaria.
• Las labores de la persona empleada son similares, o las mismas, que las del resto de los trabajadores de la empresa cesionaria.
• El contrato laboral está a nombre de la empresa cedente.

La principal consecuencia de la cesión ilegal para las empresas es enfrentarse a multas que van desde los 6.251 euros hasta los 187.515. Para los trabajadores que pueden demostrar la cesión de sus servicios, las consecuencias son beneficiosas:

• Si el contrato del trabajador era temporal puede pasar a ser fijo y decidir a cuál de las dos empresas pertenecer si han sido condenadas a responder solidariamente de las consecuencias, pero la empresa elegida puede elegir readmitir al trabajador o pagarle una indemnización. Para que todo esto ocurra, debe darse un despido y este ser declarado despido improcedente.
• Si el sueldo del trabajador cedido ha sido inferior al de los trabajadores de la empresa cesionaria que realizaban su misma la labor, puede reclamar la diferencia. Tendrá un año para hacerlo antes de que prescriba ese derecho.
• El trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto de trabajadores de la empresa cesionaria, y su antigüedad en la empresa será desde que se llevó a cabo la cesión ilegal.
• Cuando ha sido demostrada la cesión ilegal, no se puede despedir al trabajador alegando que ha terminado el tiempo del acuerdo de cesión entre las dos empresas.
• Si el trabajador es despedido o su contrato no es renovado como castigo por haber interpuesto la demanda por cesión ilegal, el despido podrá ser declarado nulo. Será la empresa cesionaria quien deba readmitirlo.

Una contrata es cuando una empresa solicita a otra sus servicios para externalizar su labor o para llevar a cabo proyectos para los que no cuenta con el personal o material necesario para ello. En una contrata, se solicitan los servicios que corresponden a la empresa, que estará constituida y contará con los medios necesarios para llevar a cabo esos servicios.

La empresa contratada puede a su vez contratar los servicios de otra empresa para realizar labores determinadas, esto es la subcontrata. Los trabajadores dependen de la empresa para la que trabajan, no de la empresa que ha contratado los servicios.

En una cesión ilegal, la empresa cedente se dedica únicamente a la cesión de los trabajadores, sin tener permiso para ello ni estructura como empresa o una actividad propia o los medios necesarios para llevar a cabo su actividad.

También puede darse la cesión ilegal en la Administración Pública. La persona empleada cedida tendrá derecho a un contrato indefinido, pero no fijo ya que su puesto de trabajo deberá ser cubierto por otra persona que haya optado a él mediante oposición.

Mientras exista la relación laboral, el trabajador puede demandar a las dos empresas. Pero, antes de hacerlo, debe haber intentado llegar a un acuerdo y deberá demostrarlo presentando la papeleta de conciliación. Si ha sido despedido, podrá impugnar el despido.

Para todo ello, siempre es recomendable contar con el asesoramiento de un profesional.